Revista HombreNuevo, edición digital #1, especial Copa América Alternativa 2012.
Abriendo camino hacia nuevos Cordobazos
23 feb 2012
Once: ninguna "tragedia"
Once: ninguna “tragedia”
Una vez más, el sistema ferroviario argentino es tapa en las noticias. Esta vez, por haberse cobrado la vida de al menos 49 personas y herido otras 700, luego de que una formación del FFCC Sarmiento chocara contra la barrera de contención de la estación terminal de Once.
Los medios lo bautizaron como “tragedia”, como si fuera una fatalidad fortuita y desgraciada. Nunca tan lejos de la realidad.
Quienes viajamos diariamente a nuestros lugares de trabajo o estudio, conocemos el deplorable estado de los trenes, las vías, los pasos a nivel, etc. que afecta la seguridad y comodidad de los pasajeros y trabajadores ferroviarios.
El FFCC Sarmiento es el peor ejemplo. Demoras, trenes que no salen o que descarrilan, pasos a nivel que no funcionan, vagones abarrotados, puertas que no cierran o abren, ventanas rotas, durmientes sueltos, rieles con más de 70 años de antigüedad, maquinaria de los años ´50, son solo algunos de los problemas que resurgen cada tanto.
Las empresas que son dueñas de las concesiones – en el caso de TBA (Trenes de Buenos Aires) es el grupo Cirigliano, accionista principal del Cometrans y también dueño del FFCC Mitre- hicieron jugosos negocios mediante la construcción o reparación de trenes, la compra de material sobrevaluado en el exterior, la tercerización laboral de sus empleados y los millonarios subsidios de los gobiernos que desfilaron desde 1995.
Con los Kirchner esos subsidios se dispararon, depositando unos 50 millones de pesos por mes en los bolsillos de los Cirigliano. Sin embargo, el dinero no se invierte y el transporte empeora diariamente. Desde 1995, en el tramo Once-Moreno bajó la cantidad de servicios (de 400 a 313) y aumentó el tiempo de viaje (de 50 a 62 minutos). Mientras tanto, desde el gobierno hacen la vista gorda para garantizar el negocio de las concesionarias y la burocracia sindical hace lo propio, formando parte de las empresas concesionarias (como en el caso del Belgrano Norte).
Los sectores populares pagamos con nuestras vidas el costo de los negocios fabulosos de un grupo de empresas privatizadas y la complicidad de un gobierno que en lugar de ponerlos en el banquillo de los acusados, los premia con subsidios.
¡Ministros y empresarios, a la cárcel!
¡El tren, para los trabajadores y el pueblo!
Tendencia Universitaria Nacional
29 de MAYO
22 feb 2012
En Chaco, contra la megaminería y la ley antiterrorista
Movilización en Chaco, contra la megamineria y la Ley antiterrorista
La 29de Mayo, el PR (m-l) y la Juventud Revolucionaria Che, PRESENTES en la “Marcha Contra la Megamineria Contaminante y por la DEROGACIÓN de la LEY ANTITERRORISTA”. Junto a otros sectores de DDHH, organizaciones sociales y partidos políticos.
Se concentró en la Plaza 25 de Mayo, donde se leyó un documento y hubo oradores de los diferentes sectores. Finalmente fue proyectado el corto del COLECTIVO HOMBRE NUEVO, “Represión a Tinogasta, el pueblo antiminero”
20 feb 2012
Calendario académico y correlatividades
Conocé fechas de inscripcion, exámenes y desarrollo del cuatrimestre en el Calendario Académico
Además, te dejamos el mapa de las correlatividades de las carreras:
Sociología
Relaciones del Trabajo
Comunicación
Trabajo Social
Ciencias Políticas
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Sociología
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Comunicación
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Ciencias Políticas
18 feb 2012
Basta de represión a los pueblos que luchan contra la megaminería
16-02
Basta de represión a los pueblos que luchan contra la megamineríaLos organismos abajo firmantes repudiamos la brutal represión desatada en las últimas semanas contra las poblaciones que se oponen a la megaminería tanto en Catamarca (Belén, Santa Maria y Tinogasta) y La Rioja, como en Amaicha del Valle (Tucumán).
El miércoles 8 de febrero por la tarde la policía de Catamarca, con ayuda de personal de seguridad de Minera La Alumbrera, desalojó el corte selectivo que se estaba realizando en Belén contra dicha empresa, por orden del Juez Miguel Angel Aybar.....
La violenta represión llevada a cabo en Chilecito en la fiesta de la chaya; la detención de seis asambleístas, luego tres y posteriormente 17 más en Santa María, y el violento desalojo en Catamarca confirman una política represiva tendiente a asegurar el funcionamiento de las empresas mineras.
En la ciudad de Andalgalá, se han instalado bloqueos promineros selectivos y discriminatorios, con la finalidad de impedir la entrada a periodistas que no son de la zona y representantes de organismos de derechos humanos. Los bloqueos en los ingresos de la ciudad son realizados por personas que reconocieron públicamente trabajar para las mineras y empresas subcontratistas.
Todos estos hechos demuestran que las empresas transnascionales y los gobiernos de las provincias mineras, con el aval del gobierno nacional, han emprendido una ofensiva represiva contra la legítima protesta de las poblaciones de Catamarca, La Rioja y Tucumán.
No puede mirarse como una casualidad que, en el marco de verdaderas puebladas contra la megaminería, el gobierno simule una improvisada conversación entre la presidenta y un “obrero minero” llamado “Antonio” criticando a quienes se oponen a la minería a cielo abierto, recibiendo por esto la felicitación de las cámaras mineras y que días más tarde se agudice la represión contra aquellos que defienden sus derechos más elementales.
La megaminería es un ejemplo más de la continuidad y profundización de las políticas de explotación neocolonial y expropiación de los bienes naturales aplicadas en los ´90. Nuestros pueblos tienen el derecho y el deber de expresarse y decidir y los gobiernos deberán obedecer.
NO A LA REPRESIÓN EN BELÉN, SANTA MARÍA, TINOGASTA Y CHILECITO!!!
LIBERTAD YA A TODOS LOS DETENIDOS POR LUCHAR CONTRA LA MEGAMINERÍA!!!
El miércoles 8 de febrero por la tarde la policía de Catamarca, con ayuda de personal de seguridad de Minera La Alumbrera, desalojó el corte selectivo que se estaba realizando en Belén contra dicha empresa, por orden del Juez Miguel Angel Aybar.....
La violenta represión llevada a cabo en Chilecito en la fiesta de la chaya; la detención de seis asambleístas, luego tres y posteriormente 17 más en Santa María, y el violento desalojo en Catamarca confirman una política represiva tendiente a asegurar el funcionamiento de las empresas mineras.
En la ciudad de Andalgalá, se han instalado bloqueos promineros selectivos y discriminatorios, con la finalidad de impedir la entrada a periodistas que no son de la zona y representantes de organismos de derechos humanos. Los bloqueos en los ingresos de la ciudad son realizados por personas que reconocieron públicamente trabajar para las mineras y empresas subcontratistas.
Todos estos hechos demuestran que las empresas transnascionales y los gobiernos de las provincias mineras, con el aval del gobierno nacional, han emprendido una ofensiva represiva contra la legítima protesta de las poblaciones de Catamarca, La Rioja y Tucumán.
No puede mirarse como una casualidad que, en el marco de verdaderas puebladas contra la megaminería, el gobierno simule una improvisada conversación entre la presidenta y un “obrero minero” llamado “Antonio” criticando a quienes se oponen a la minería a cielo abierto, recibiendo por esto la felicitación de las cámaras mineras y que días más tarde se agudice la represión contra aquellos que defienden sus derechos más elementales.
La megaminería es un ejemplo más de la continuidad y profundización de las políticas de explotación neocolonial y expropiación de los bienes naturales aplicadas en los ´90. Nuestros pueblos tienen el derecho y el deber de expresarse y decidir y los gobiernos deberán obedecer.
NO A LA REPRESIÓN EN BELÉN, SANTA MARÍA, TINOGASTA Y CHILECITO!!!
LIBERTAD YA A TODOS LOS DETENIDOS POR LUCHAR CONTRA LA MEGAMINERÍA!!!
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos.
Coordinadora Atirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP)
Liberpueblo
Colectivo Hombre Nuevo
No a la ley Antiterrorista de CFK - Obama
11-02
Los abajo firmantes expresamos nuestra oposición al proyecto de ley enviado al Congreso de la Nación por la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner el 14 de octubre de 2011, que logró la media sanción en la Cámara de Diputados con los votos únicamente del Frente para la Victoria, que consiste en un nuevo proyecto de ley “antiterrorista”, que amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta que permite la ley 26.268 sancionada en el año 2007 y que tipificaba los delitos de “asociación ilícita terrorista” y “financiación del terrorismo”.
La ley antiterrorista del 2007
Cabe recordar que en el año 2007 se sancionó la ley 26.268, incorporando al Código Penal los artículos 213 ter y 213 quater. El primero de ellos tipificaba como delito la “asociación ilícita terrorista” y el segundo sancionaba el “financiamiento del terrorismo”.
En este sentido, no es menor que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por “terrorismo” y esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación. Además, actualmente existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo de “terrorista” para perseguir a quienes se oponen, de diferentes formas y en diferentes lugares, a su política. Aplicando estas leyes en Chile los mapuches y en Perú los docentes, son procesados y encarcelados como “terroristas”. En Irak y Afganistan los “Terroristas” son lo que resisten la invasión de los EEUU y sus socios.
El nuevo proyecto de ley enviado por Cristina Fernández de Kirchner
El nuevo proyecto de ley enviado por la presidenta postula la modificación de la ley 26.268, pero al mismo tiempo requiere la aprobación de una legislación “antiterrorista” cuyos alcances son mucho mayores y que permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983.
Específicamente se promueve la incorporación al Código Penal del art. 41 quinquies, que establecería lo siguiente: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala.”
No es difícil imaginar la facilidad con la que se puede aplicar esta figura si tenemos en cuenta los miles de compañeros judicializados y procesados por luchar, y las campañas mediáticas que demonizan la protesta.
A partir de ahora cualquier tipo de protesta que lleve adelante acciones reivindicativas que tengan por objeto intentar que el Estado Nacional (a través de cualquiera de sus funcionarios públicos, ministros, secretarios, comisarios etc,) gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales realicen un acto o se abstengan de hacerlo, queda abarcada por esta ley. De esta manera esta ley posibilitara calificar de terrorista casi cualquier acción de protesta o lucha, incrementando al doble el mínimo y el máximo de las escalas penales de los delitos que se trate, convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal, en el marco de la protesta social, en la posibilidad concreta de privar de la libertad a los luchadores acusados. Si esta ley hubiera sido aprobada hace unos años, hoy podríamos tener en las cárceles a cientos de militantes y activistas, que hoy se encuentran procesados.
La ley agrega al Código Penal como art. 306 la figura de “financiación del terrorismo”, que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente directa o indirectamente con cualquier organización o persona que vaya a cometer hechos con la finalidad de obligar a la autoridad a realizar o abstenerse de realizar un acto. La consecuencia directa de esto es que se puede criminalizar o perseguir cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso político al que se le haya aplicado el agravante de terrorismo. A la luz de esta nueva legislación todos los que colaboraran económicamente con estas campañas deberían enfrentar penas privativas de libertad de entre 5 y 15 años.
Asimismo resulta gravísimo que el proyecto de ley, en su art. 6º, autoriza a la UIF – Unidad de Información Financiera que depende del Poder Ejecutivo a que mediante una simple disposición administrativa proceda al congelamiento de activos vinculados a las “acciones delictivas previstas”. De aprobarse el proyecto ya no se requerirá una decisión judicial, si no una simple comunicación al juez de turno una vez que la medida se efectivizó.
Contexto en el cual se enmarca la sanción de la ley antiterrorista.
El peligro que entraña esta legislación debe medirse asimismo con referencia al contexto en el cual se sanciona. En los últimos 8 años la criminalización de la protesta social se ha profundizado al punto tal que no existe lucha obrera, estudiantil, ambiental, social o política que no tenga como consecuencia la apertura de una causa penal contra los militantes más visibles de cada momento. No podemos olvidar la querella penal que inició Cristina Fernández de Kirchner contra los asambleístas de Gualeguaychú a quienes acusó por el delito de sedición, atentado contra el orden democrático, más otros 12 delitos que contemplan prisión efectiva. Tampoco podemos olvidar que en la causa penal iniciada el 23 de diciembre contra los tercerizados del Rocca y ferroviarios de la oposición (detenidos en su momento y luego liberados), se los acusa no sólo por corte de vías sino también por extorsión al Ministro de Transporte Schiavi. Ambos ejemplos quedarían abarcados en los agravantes de esta ley de producirse su vigencia. Mucho menos podemos pasar por alto las declaraciones de la Presidenta cuando califica los reclamos de los trabajadores como extorsivos.
A esta política nacional de criminalizar la protesta, se ha sumado la utilización de patotas contra quienes luchan como ocurrió en el Hospital Francés, en el Indec, en la Legislatura contra los maestros, y en las luchas de los tercerizados del Ferrocarril Roca en la cual fue asesinado Mariano Ferreyra, por citar sólo algunos ejemplos. Por otra parte la represión directa ha crecido exponencialmente tanto en cantidad como en brutalidad. Basta recordar la represión policial a los trabajadores de Kraft en el 2009, la represión a la comunidad qom en la colonia La Primavera en Formosa en la cual fue asesinado Roberto López y en otro hecho el mismo día Mario López, la represión en el Parque Indoamericano que dejó un saldo de tres asesinados (Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri), la represión enLibertador San Martín en Jujuy en la cual fueron asesinadas cuatro personas (Ariel Farfán, Juan José Velázquez, Félix Reyes y Alejandro Farfán (Libertador- Jujuy) y el asesinato a sangre fría de Cristian Ferreira en Santiago del Estero.
Algunos sectores han argumentado que esta ley motiva su aplicación en los lamentables atentados en la Embajada de Israel y AMIA, pero la impunidad de ambos atentados no se debe a las disposiciones actuales del código penal sino al encubrimiento estatal orquestado desde el mismo momento en que se efectuaron.
Una ley contra el pueblo
Debe destacarse que esta ley es promovida (como también lo fue la sanción de la ley 26.268) a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se enmarca en la sanción y aplicación de Legislaciones Antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha social.
Esta ley no está pensada ni sancionada en pos de resolver ninguno de los problemas que enfrenta el pueblo argentino. Tampoco está destinada a impedir que se produzcan atentados contra el pueblo argentino ni a lograr el esclarecimiento de los ya perpetrados contra la AMIA y la Embajada de Israel. Hay que dejar bien en claro que no es necesaria la sanción de ninguna legislación especial para hacer justicia y resolver estos atentados contra el pueblo argentino.
Las leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y rotura de los lazos sociales entre los más decididos luchadores que llevan adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y el resto del entramado social. La posible privación de libertad por un lapso prolongado, el ser calificado de “terrorista”, el ser perseguido con saña por el aparato estatal, el ser demonizado por los medios de comunicación, generan miedo. En realidad, la Ley Antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal a la lucha tanto en el plano jurídico como simbólico.
Por estos fundamentos repudiamos la sanción del proyecto de ley antiterrorista y exigimos la derogación de la ley 26.268, y llamamos a toda la población a manifestarse y movilizarse en contra de esta legislación represiva y antipopular en defensa de las más amplias libertades públicas por las que el pueblo argentino luchó y seguirá luchando.
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos - AEDD
Asociación de Profesionales en Lucha - APEL
Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA-APEMIA
Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP
Liberpueblo
Agresion patoteril a la izquierda: el FP Dario Santillan perdió la brújula
Rosario, 7-02
AGRESIÓN PATOTERIL A LA IZQUIERDA: EL FRENTE DARIO SANTILLAN PERDIO LA BRÚJULA.
En la tarde de hoy martes 7 de Febrero, en la Facultad de Psicología, un grupo de provocadores nucleados en el Frente Popular Darío Santillán – Santiago Pampillon agredieron a compañeros de la agrupación TUPAC en la UNR. Se produjo un enfrentamiento y como saldo provisorio un compañero de TUPAC tuvo que ser asistido en un hospital de la zona entre varios heridos de ambas agrupaciones.Con el argumento de que son una fuerza ”grande” y que por lo tanto les correspondería el lugar que nuestra agrupación ya esta ocupando en la entrada de la facultad, arrancaron las actividades del año sacándonos la mesa. Este no es un hecho aislado, es una nueva acción por derecha de una fuerza que confunde a quienes es justo golpear. El año pasado fueron impulsores –junto a sus aliados de frente- de una maniobra burocrática para dejarnos sin los consejeros estudiantiles en la facultad de Humanidades y Artes, lo cual produjo la ruptura de los frentes que sosteníamos y que fueran cruciales a la hora de recuperar los centros en manos de la burocracia estudiantil. Desde entonces, se da la unidad de acción, pero no permitiremos que, sin la más mínima autocritica mediante, sigamos sosteniendo frentes políticos orgánicos. Esta agresión es la confirmación de que algunas fuerzas dicen ser algo pero la práctica indica otra cosa.Cabe aclarar que TUPAC salió a responder ante tal avasallamiento y en consecuencia defendimos y defenderemos nuestros espacios de construcción. Pero la fuerza estudiantil del Santiago Pampillón, sorprendidos por nuestra firme respuesta, recurrió a la convocatoria de un grupo del frente territorial que hizo de grupo de choque. Este grupo de jóvenes -compañeros de los 3 pibes asesinados recientemente- fueron convocados con mentiras-para justificar la patoteada- convencidos de que desde nuestra agrupación sosteníamos que “a esos pibes se los mataron porque no tienen huevos”. Lo que en realidad sostenemos- y parece molestar seriamente a esta fuerza-es que no están poniendo toda la fuerza en combatir contra los narcos o poli-narcos responsables de la muerte de los pibes, confiados en reuniones de alto nivel con los Gobiernos, , mientras la masa de los barrios hartas de esta violencia se dirige a ajustar cuentas con ellos y ante una muerte de cualquiera de los vecinos, proceden a incendiar los kioscos de los narco- canas, señalando la complicidad de la policía y la responsabilidad del poder.A pesar de estas diferencias estuvimos y estaremos codo a codo peleando por justicia y contra la violencia de clase.Exigimos a la dirección del FPDS – Pampillon una inmediata respuesta y rectifiquen inmediatamente este accionar.Las energías hay que ponerlas en la lucha contra el enemigo. De la forma en que actuaron, objetivamente favorecen a los que hoy causan el ajuste, los tarifazos y la política del gobierno y el rector en la universidad.NO PROVOCAMOS , NI NOS DEJAMOS PROVOCAR.Nuestros espacios de construcción se seguirán sosteniend , mas allá de estas provocaciones y de cualquier otra, que ponga límites al camino por una verdadera conducción de centro de estudiantes democrática, combativa e independiente e las autoridades y el gobierno, camino a una verdadera educación pública, camino a los Cordobazos.
Tendencia Universitaria Nacional
29 de MAYO
Por un nuevo 20 de diciembre
Para que la crisis la paguen los de arriba
Por un nuevo 19 y 20 de Diciembre
El gobierno de CFK, pasado el 23 de octubre, salió a arremeter contra los sectores popularescon tarifazos, devaluación y techos salariales para 2012. Para la aplicación de estas medidas yapasaron de valerse del tradicional doble discurso a lo explicito y descarado: se pasea feliz con Obama para pedir créditos al FMI y anuncia la quita de subsidios desde la tribuna de la UIA. Mientras tanto, el presupuesto educativo sigue su rumbo descendente, en términos reales, y el ataque a las conquistas docentes intenta poner coto a las demandas del sector.
El principal blanco de estas medidas es su verdadero contendiente: el movimiento obrero, estudiantil y piquetero.
Pero la resistencia está a la orden del día. Para aplicar sus planes, debe recurrir a la criminalización de las luchas, a los ataques al derecho a la huelga y a la persecución y el asesinato de militantes populares. Es el “modelo” mostrando los dientes contra el pueblo.
A 10 años de la rebelión popular de diciembre de 2001, el movimiento estudiantil avanzó en la recuperación de Centros de Estudiantes, Federaciones y en sus métodos de lucha, con un programa que converge políticamente con el del movimiento obrero y popular. En esta disputa encontramos a nuestros mejores aliados, con los cuales trazamos un camino de unidad para enfrentar los planes del Gobierno K.
En el contexto internacional sobran los ejemplos de que el camino es la rebelión de los pueblos.
Porque las brasas del 2001 siguen encendidas y el pueblo no se resigna a vivir con hambre, desocupación, salarios de miseria y sin el derecho a una educación y salud pública, gratuita, digna y de acceso masivo, es que llamamos a seguir construyendo este movimiento estudiantil antiimperialista y revolucionario que rompa con la dependencia de nuestro país. Debemos transitar la senda hacia un nuevo 19 y 20 de Diciembre, con el conjunto de la Argentina rebelde y de los de abajo.
Martes 20-12 a las 17.00 hs
Marcha de Plaza Congreso a Plaza de Mayo
No a la Megaminería
“No a la Megaminería. Famatina no se toca”
A más de un mes de la pueblada en Famatina, las organizaciones populares se anotaron su primera victoria al obligar al gobernador Beder Herrera y a la minera canadiense Osisko a suspender, al menos provisoriamente, el proyecto minero en dicha localidad. Pero la lucha sigue y es necesario seguir sumando apoyos al pueblo de Famatina y a todos los que luchan contra la contaminación y el saqueo de la megaminería.
El caso Famatina no es más que uno de los tantos proyectos que los monopolios mineros extranjeros como Osisko o la Barrick Gold pretenden instalar, apañadas por los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. En estos 8 años de gobierno de los Kirchner el negocio minero creció enormemente y obtuvo aún más protección y beneficios que en los ’90, al tiempo que se mantiene la vigencia del Código Minero menemista, que implica, entre otras cosas, que las mineras paguen impuestos irrisorios, saqueando nuestros recursos naturales. Por eso no son casualidad las detenciones y causas abiertas a las y los activistas que ponen su cuerpo todos los días en defensa de la vida, incluso acusándolos de “terroristas” bajo la nueva Ley Antiterrorista.
Mientras tanto en la UBA, a través del Consejo Interuniversitario Nacional, se vienen aceptando los fondos provenientes de la minera Bajo La Alumbrera, ubicada en la localidad de Belén (Catamarca), donde su pueblo también se ha levantado por las consecuencias sobre sus habitantes y campos luego de quince años de explotación. Con esos fondos no solo se pretende desvincular al Estado de su responsabilidad en el financiamiento de la educación e introducir a las grandes empresas en la Universidad, sino también chantajear y subordinar a la Universidad para que legitime estos emprendimientos megacontaminantes. La UBA tiene que rechazar los fondos de La Alumbrera.
La pelea del pueblo de Famatina es una pelea nacional y viene cosechando múltiples apoyos. En las universidades y terciarios de la Capital Federal también somos muchos los que decimos:
¡Por el agua, por la vida! ¡No a la megaminería!
¡No al saqueo de nuestros recursos naturales!
¡Por el rechazo de los fondos La Alumbrera!
¡Famatina no se toca!
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